Antes de arrancar (y por si hay desprevenidos), CFK está acusada de haber conformado una asociación ilícita con algunos funcionarios y con el empresario Lázaro Báez para asignarle 51 obras públicas con sobreprecios y compartir ese excedente.

La causa arranca en 2008 con una denuncia de Lilita Carrió por supuesta asociación ilícita entre Néstor Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Baez para enriquecerse mutuamente. La “prueba” era el crecimiento patrimonial de Lázaro Baez y su amistad con Kirchner.

Dato importante, en este causa que se abre, la 15.734/2008, no se la mencionaba a CFK, solo a Néstor y a De Vido. El Gobierno de Néstor había unificado toda la cartera de Obras Públicas en De Vido, algo que los denunciantes decían que era ”prueba” de la corrupción.

En esta denuncia del 2008 se presentan casi todos los argumentos que se van a usar después para la causa. El tema es: ¿Donde se presentó la denuncia? En Comodoro Py ¿En quién cayó? En el juez Julián Ercolini ¿Qué resolvió Ercolini? Se declaró incompetente

Ercolini dijo que al ser obras licitadas en Santa Cruz, correspondía que sea la Justicia de Santa Cruz la que lo juzgue y no la Justicia Federal de CABA.

En 2013 se presenta la segunda denuncia. La presenta Mariana Zuvic que, haciéndole caso a Ercolini, la radica en Santa Cruz. Además fundamenta muy bien por qué debía tratarse el tema en Santa Cruz y no en CABA. Esta vez, como Néstor ya estaba muerto, la denunciada era CFK.

La Justicia santacruceña tomó la denuncia, inició la investigación y, dos años después, sobreseyó a todos los imputados porque los delitos denunciados “no existieron”, según el juez de instrucción. Fallo ratificado por Cámara después.

Tras esto, debería haber sido un tema terminado porque existe un principio constitucional, el non bis in idem, que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. El tema es que, con el nuevo Gobierno en 2015, los principios constitucionales se tomaron una siesta.

Macri designa a Javier Iguacel como nuevo director de Vialidad. Su primer acto de gestión fue mandar a hacer una auditoría sobre las obras licitadas a Baez en Santa Cruz por los gobiernos anteriores. El programa de Lanata ya había marcado el sendero de a donde había que pinchar.

¿Qué dijo esa auditoría que hizo la gestión Iguacel de Vialidad?. Que había algunos “desajustes” de precios y demás condiciones en algunas obras (algo normal e inevitable cuando se adjudica obra pública), pero la conclusión era esta:

Vuelvan a leer la conclusión que escribieron los funcionarios de Iguacel, porque lo que pasa después es insólito. Iguacel va con ese papel y presenta otra denuncia. Una denuncia que decía todo lo contrario a lo que él mismo presentaba como prueba.

La presenta ante la Justicia Federal de CABA (Comodoro Py) y acá pasan varias cosas La causa vuelve a caer en Julián Ercolini. Si, el mismo que se había declarado incompetente 7 años atrás. ¿Qué hará ahora?

Lo que Ercolini debió haber hecho, por el principio non bis in idem, era rechazarla. Esos hechos ya habían sido sometidos a proceso en otro expediente y se había sobreseído a los imputados. Sólo podía reabrirse con una apelación, no con otra denuncia igual.

Si no quería rechazarla por eso, Ercolini podía simplemente ser coherente con lo que él había resuelto años atrás: que la competencia era de la Justicia de Santa Cruz, no de la Federal de CABA. Sin embargo, Ercolini reabrió y se hizo cargo de la causa.

La verdad que cualquiera puede cambiar de opinión sobre distintos temas. Pero un juez que tiene que hacer cumplir la Ley, no puede cambiar de opinión cuando se trata del mismo hecho y la Constitución no cambió. O actuó mal antes o actuó mal después.

Ya quedaba claro que no se trataba de procesos normales que seguían el Código de Procedimiento. Ya quedaba claro que había algo más y que el escenario había cambiado también en el Poder Judicial.

Lo que había cambiado, en realidad, era el Gobierno. Y acá está la clave. Empezaban los procesos de “Memorándum”, “Dólar Futuro” y otros que daban cuenta que había una orden expresa de perseguir a CFK.

Otra cosa que cambió fue que la esposa de Ercolini, Julia Kenny, fue designada vocera de Germán Garavano, el ministro de Justicia del Gobierno de Macri. Ese era otro motivo para que Ercolini rechazara la causa. No lo hizo.

A partir de acá, ya todo estaba manchado. Y la cosa empeoró. Lo primero que un juez de instrucción debía hacer para iniciar una investigación de sobreprecios en la obra pública es lo único que Ercolini evadió durante toda la etapa: una auditoría.

Como la auditoría que hizo Iguacel ya había dado que no se constataban inconsistencias graves, no querían comerse otra decepción. La investigación fue solo una puesta en escena televisiva para “encontrar la plata robada” pero sin pericias que dijeran si tal robo existió.

Semejante tribuneada sin elementos probatorios solo podía sostenerse con un juez totalmente entregado al juego político como Ercolini. El problema es que, cuando se eleva a juicio, el trabajo de Ercolini termina y hay que sortear qué tribunal va a enjuiciar.

Ese sorteo pasa a ser indispensable. El abogado de CFK, Carlos Beraldi, pide que lo dejen asistir al sorteo para controlar la transparencia pero la Cámara de Casación no se lo permite. El sorteo se hace a puertas cerradas sin la presencia de la defensa.

En el inchequeable sorteo, sale elegido este tribunal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Desde que arrancó el juicio, el tribunal mostró que ya tenía una posición tomada y que había sido “sorteado” por eso.

Una de esas actitudes fue demorar el arranque del juicio para que comience en plena campaña electoral de 2019. Imaginaban que CFK iba a ser candidata a presidenta y querían que su campaña quede empañada por esta imagen yendo a Tribunales. Jueces pensando en clave electoral.

Un ejemplo chico pero que muestra la “distinta vara” que aplicaba el tribunal fue al comienzo. El auto de elevación a juicio de los fiscales fue transmitido en vivo y en directo por los principales canales. Pero cuando tocó el turno de la declaración de CFK, el criterio cambió.

Ahora el tribunal no permitió que se transmita en vivo su defensa. Encima pasó algo insólito. Algunos periodistas que estaban en la sala de prensa viéndolo empezaron a transmitir en vivo por IG y los jueces mandaron a la Policía a sacarlos.

Después el video se subió pero ya no era lo mismo. Ya los canales podían editar, recortar lo que querían y tergiversarlo a piaccere. De hecho, hay algo gracioso sobre eso: el cierre de su declaración fue este y fue el único corte que se difundió en noticieros.

Mucha gente cree genuinamente que Cristina decidió no declarar y solo se limitó a decir que la historia la iba a absolver. Sobre una declaración que, literalmente duró 3 horas y media.

En estas pequeñas cosas, los jueces le hacían sentir a CFK todo el rigor del odio que le tenían y de la falta de imparcialidad con la que pensaban manejarse en el resto del juicio. Por eso CFK dijo en 2019 que los jueces tenían la condena ya escrita. Porque se sabía.

Todo esto pasó en 2019. Estamos en 2022. ¿Qué pasó en estos tres años? Pasó el juicio propiamente dicho, lo más importante, y lo que no se vio por ningún lado. Cuando pasan los testigos y se contrastan las pruebas. Acá es donde la acusación de los fiscales empezó a hacer agua.